Taxistas y remiseros de Bahía fueron al Concejo Deliberante para reclamar por un proyecto que busca habilitar a Uber para funcionar legalmente.

Como se sabe, el servicio está prohibido en la ciudad, a pesar de que se está utilizando.

La iniciativa presentada desde el bloque de Avanza Libertad propone darle un marco regulatorio y que compita con el sistema tradicional.

El proyecto propone liquidar el sistema de legajos, que el Estado no fije más las tarifas y que se genere una libre competencia.

Para taxistas y remiseros, propietarios y empleados, eso implica un peligro para el sector y consideran que están en desventaja por la cantidad de requerimientos necesarios para poder operar.

Según referentes, de autorizar Uber u otras aplicaciones, entrarían en riesgo más de 500 familias.

En diciembre del 2020, teniendo en cuenta la inminente llegada de Uber a la ciudad, se aprobó una ordenanza que regula el transporte de personas únicamente en vehículos con habilitación municipal.

Quien la incumpla, da lugar al secuestro del vehículo y para su conductor la imposición de una multa graduable entre diez (10) y cincuenta (50) sueldos mínimos del personal municipal.

Además, se lo inhabilita al responsable a conducir automotores por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la fecha en que la sentencia quede firme y consentida.

Y en caso de reincidencia, la multa a aplicar será entre quince (15) y sesenta (60) sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir por el plazo de trescientos sesenta días (360) hábiles.

La normativa abarca a taxi, remises, servicios ejecutivos, transporte escolar, servicios contratados en todas sus modalidades, transporte de personas con capacidades diferentes, transporte público y cualquier otro tipo de transporte privado de personas entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital y/o telefónica, y todo otro servicio o modalidad y/o medio de pago utilizado para la contratación.

Desde el área de legales de la aplicación, luego de la primera multa que recibió un conductor en la ciudad en febrero del 2021, la infracción fue en contra del Código Civil y Comercial ya que la ordenanza sancionada dos meses antes prohibía justamente lo que esa ley, superior, autoriza.

Así lo establecen los artículos 1280 y 1281, de contrato de transporte entre privados, por lo que se interpreta que la actividad resulta lícita y no puede ser sancionada.

Sostuvieron además que no existe en el municipio la posibilidad de obtener una habilitación para este tipo de transporte, ya que no hay regulación, como sí lo hace el mencionado Código. En cambio sí los taxis y remises.

“La falta de regulación no puede ser sinónimo de prohibición”, indicaron los abogados.

En consecuencia, argumentaron que también se estaría violando la Constitución Nacional ya que la prohibición de una actividad lícita afecta el derecho a trabajar y a ejercer toda industria o actividad lícita.

En junio, Julián Barcelona fue absuelto.