Una importante área de la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta se quedó sin gas después de que Camuzzi retirara uno de los medidores.

La empresa ejecutó la tarea al recibir un llamado anónimo que advertía una fuga en el lugar. Y se supo además que días antes, a una mujer junto a sus dos hijos se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por estar detenida en un sector en el que había pérdidas.

La falta de gas afecta a los pabellones 1, 3, 5 y al anexo 7 de mujeres. También a la panadería, sanidad, área de encuentro familiar, escuela, administración, y el sector de vigilancia y tratamiento.

Son alrededor de 400 personas las que padecen el problema, entre el personal y los internos, estos últimos los más perjudicados por no poder cocinar, calefaccionarse y bañarse con agua caliente.

En ese contexto, la Defensoría pidió ante el Juzgado de Ejecución Nº 2 que arbitre medidas urgentes para susbsanarlos, pero aún no recibió una respuesta.

Los problemas de infraestructura en la cárcel bahiense son crónicos y similares al de todas las unidades bonaerenses.

Además, los presos están en condiciones de hacinamiento ya que hay lugar para 550 y la población casi lo duplica: 977.

La historia de la Unidad Penal de Villa Floresta, la cárcel de Bahía

Vale recordar que el año pasado la Suprema Corte dictó un hábeas corpus para frenar esta situación y exigió medidas para aliviar la superpoblación.

“Esas condiciones de detención, influidas por varios factores, en ocasiones parecen contribuir a la reproducción del delito más que a la reinserción social de los penados”, decía la resolución.

Por ese motivo, exigió que se pondere el uso del sistema de monitoreo electrónico; revisar la situación de personas procesadas y disponer medidas de cautela o de ejecución menos lesivas; y requerir al Ejecutivo la posición y diagnóstico sobre el estado de situación de las condiciones de habitabilidad y el cupo que correspondiere a cada unidad penitenciaria y alcaidías.

También, consignar aspectos edilicios de servicios e instalaciones, condiciones de higiene y sanitarias, alimentación, seguridad, esparcimiento, capacitaciones: educación y laborales; e implementar audiencias de debate con especial enfoque en los privados de libertad con mayor tiempo en prisión preventiva.

Por último, prohibir el alojamiento en comisarías de menores, mujeres embarazadas y enfermos; avanzar en el cese progresivo del uso de las comisarías como lugar de detención de personas e informes sobre el estado de avance del plan de construcción de alcaidías.