La justicia Federal de Bahía condenó hoy a cadena perpetua a Raúl Roberto Aceituno por encontrarlo responsable de asociación ilícita y coautor penal del homicidio agravado por alevosía del estudiante y militante comunista David “Watu” Cilleruelo, asesinado el 3 de abril de 1975 en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur.

A su vez, Héctor Ángel Forcelli, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Omar Pallero fueron penados a 10 años de prisión por asociación ilícita, por ser parte de la patota paraestatal conocida como Alianza Anticomunista Argentina, acusada de más de una veintena de asesinatos.

Los hechos atribuidos a los condenados y los ilícitos cometidos se configuran como delitos contra la humanidad, cometidos entre 1974 y 1975.

Respecto a Aceituno, debido a su estado de salud, el cuerpo médico forense de la Corte Suprema le hará un estudio médico antes de definir su situación. Mientras tanto, continuará con arresto domiciliario.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de lo conformaron Roberto Amábile, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, e intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia.

Las víctimas investigadas fueron Fernando Antonio Alduvino, Ovidio Oscar Ancel, Ángel Enrique Ogues, Hugo Norberto Ardiles, Orlando Walker, Alberto Noe Bayarsky, David Hober Cielleruelo, Carlos Alberto Davit, Carlos Droñak, Gabriel Raymundo Ganuza, Julio Alberto García, Luis Jesús García, Manuel Santiago García, Rodolfo Celso Gini, Mario Oscar Golberg, José Manuel González, Nélida Esther Guiorzzo, María Isabel Mendivil de Ponte, Carlos Aníbal Nakandakare, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Alberto Mario Pojomovsky, José Alberto Surace, Salvador Julio Trujillo y Hugo Alberto Vita.

Se considera que la Alianza Anticomunista Argentina, una fuerza paraestatal del gobierno de Isabel Perón y comandanda por el entonces Ministro de Bienestar, José López Rega, instrumentó un programa de persecución, secuestro y asesinato de opositores políticos.

Según detalló fiscalía, los acusados integraban un grupo de choque conectado con una política estatal, que “determinó una particular forma de operar en el que ese carácter civil se vio diluido en la presencia del propio Estado, que colocó sus estructuras al servicio de la tarea represiva, mediante el suministro de agentes, armas, información y recursos económicos, o la garantía de no interferencia y de impunidad”.

“Dicho plan abarcaba la aplicación de operaciones del Servicio de Inteligencias del Ejército (SIE) representado a nivel local por el Destacamento de Inteligencia 181 y las Policías Federal y Provincial, y en el plano paraestatal, el grupo operativo civil implantado en las organizaciones gremiales y en la Universidad Nacional del Sur”, se agregó