El gobierno nacional intimó a rectores universitarios por la falta de clases en medio del conflicto salarial.

En el marco de un paro nacional docente y no docente, reclaman a las máximas autoridades que garanticen la continuidad académica y presenten alternativas frente a la pérdida de días de cursada.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que argumentó la necesidad de “asegurar el derecho a la educación” de los estudiantes ante las medidas de fuerza gremiales. En ese sentido, se exigió a las autoridades universitarias la elaboración de un informe que incluya un plan de contingencia, con opciones como clases virtuales o reprogramación del calendario académico.

La intimación se da en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario, atravesado por reclamos vinculados al financiamiento y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

Según los gremios, los sueldos del sector permanecen prácticamente congelados desde 2024, lo que motivó la profundización de las medidas de fuerza.

El trasfondo del conflicto es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de partidas presupuestarias y la recomposición salarial.

Aunque la norma fue aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo a un veto presidencial, el Gobierno ha demorado su aplicación, lo que generó una escalada en el reclamo de rectores, docentes y trabajadores no docentes.

Desde el gobierno sostienen que los recursos se están transfiriendo conforme a la normativa vigente y apuntan contra los gremios por la interrupción de las clases. En cambio, desde el ámbito universitario advierten que la falta de financiamiento adecuado pone en riesgo el normal funcionamiento del sistema y la calidad educativa.

Suteba local anunció un nuevo paro docente para este miércoles.

Se trata de una medida que podría afectar a algunas escuelas o grados, dependiendo del grado de adhesión.

La huelga, que incluye una movilización, tiene varias consignas:

– aumento y recomposición salarial urgente en la Provincia

– creación de todos los cargos necesarios en educación especial

– repudio a la comunicación enviada a los docentes sobre la intervención en conflictos con armas de fuego

– inmediata solución a los problemas de calefacción en las escuelas

La justicia confirmó las condenas contra el abogado Fabián Rossi y Juan Manuel Mejuto por el crimen de Juan Ramón Romero Miranda, un caso con fuerte trasfondo narco que conmocionó a Bahía.

La decisión ratifica las penas que ya habían sido impuestas tras el juicio por jurados: prisión perpetua para Rossi, considerado autor del homicidio, y 15 años de cárcel para Mejuto, señalado como partícipe secundario.

El asesinato ocurrió en septiembre de 2021 y, según la investigación, estuvo vinculado a disputas relacionadas con el narcotráfico.

La víctima, conocida como “El Mendocino”, fue asesinada en una vivienda del barrio Patagonia y luego su cuerpo fue trasladado en su propia camioneta.

El fallo ahora confirmado implica un nuevo respaldo judicial a lo resuelto por el jurado popular y el tribunal técnico, en una causa que también derivó en otras investigaciones paralelas.

Entre ellas, una vinculada al tráfico de estupefacientes, en la que ambos acusados recibieron condenas adicionales de 5 años para Rossi y 4 años y 9 meses para Mejuto.

Ese expediente se originó a partir de un allanamiento en el domicilio del abogado, donde se secuestró cocaína, lo que permitió avanzar sobre una estructura de comercialización de drogas que operaba en la ciudad entre 2018 y 2021.

Con la confirmación de las penas, el caso queda más cerca de su cierre judicial, aunque resta la unificación de las condenas dictadas en los distintos procesos. Se trata de uno de los expedientes más resonantes de los últimos años en la región, tanto por la gravedad del hecho como por la participación de un profesional del derecho en una trama criminal vinculada al narcotráfico.