La Justicia suspendió temporalmente la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Gobierno a cumplir de forma efectiva con la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión se basó en un recurso que presentó el Gobierno ante la Cámara Federal, y se va a extender hasta que se resuelvan las cuestiones de fondo.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó que el lunes 27 de abril van a apelar a la medida. Explicaron que la medida no suspende la cautelar ni sus términos, sino que pausa la ejecución momentáneamente.

La semana pasada, el gobierno nacional había presentado un recurso ante la Cámara de Apelaciones. Su argumento se basa en que la ley 27.795 no prevé una fuente de financiamiento para cumplir con los desembolsos, por lo que no cumple con las leyes 24.629, 24.156 y de presupuesto 27.798, que requieren de la aprobación de partidas específicas.

Según las fuentes, la estrategia del oficialismo es llegar a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento.

Mientras tanto, las universidades nacionales continúan con medidas de fuerza, marchas, clases públicas y concentraciones para exigir que cumplen con la ley.

Finalmente hubo novedades en la causa contra el ex entrenador de Liniers, Hernán Rosell, quién se supo pedía fotos a jugadores menores a cambio de dinero.

La justicia local imputó por el delito de grooming y fue citado a declarar por el fiscal Rodolfo De Lucía el 27 de mayo próximo.

En el marco de la investigación, trascendió que fueron más de una las situaciones en las que el entrenador hizo ese tipo de pedidos a distintos chicos y no se descartan que aparezcan nuevos testimonios.

Qué es grooming:

Incorporado como delito en el Código Penal en el 2013, la palabra deriva del verbo inglés groom, que se refiere a conductas de acercamiento o preparación para un fin determinado.

Es cuando un adulto intenta ganarse la confianza de una o un menor de edad para someterlo sexualmente, todo a través de la utilización de cualquier dispositivo tecnológico.

La justicia dejó firme la condena contra el falso perito canino Marcos Herrero, quien había sido sentenciado por manipular pruebas en distintas investigaciones judiciales, en un caso que generó fuerte repercusión por el impacto de sus intervenciones en causas penales.

El fallo ratifica la pena impuesta en instancias anteriores, que incluye prisión e inhde 7 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo, luego de que se rechazaran los recursos presentados por la defensa, dejando así sin efecto cualquier posibilidad de revisión ordinaria.

De esta manera, la condena quedó firme y habilita su cumplimiento efectivo.

Herrero había sido juzgado por su rol como supuesto especialista en rastros odorológicos, una práctica que utilizaba para intervenir en investigaciones criminales. Sin embargo, durante el proceso judicial se acreditó que el acusado “plantaba” evidencia o direccionaba resultados periciales, comprometiendo la validez de las causas en las que participó.

Se lo acusó de plantar evidencia y mentir para perjudicar a efectivos de la Policía Bonaerense en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, ocurrida durante la pandemia de coronavirus en Villarino.

Según se determinó, sus maniobras no solo afectaron expedientes puntuales, sino que pusieron en duda el accionar de investigaciones completas, generando un efecto dominó sobre distintos procesos judiciales donde sus informes habían sido considerados prueba clave.

El caso se convirtió en un antecedente relevante en materia judicial, ya que expone los riesgos de la utilización de pericias sin el debido respaldo científico y control técnico. A partir de este fallo, se refuerza además la necesidad de revisar intervenciones similares realizadas en otras causas.