La justicia está investigando a dos jóvenes que mataron al patadas a una nutria y lo filmaron todo.

Sucedió el sábado durante la madrugada y las imágenes se hicieron virales. De inmediato una agrupación proteccionista radicó una denuncia y luego el municipio se sumó como particular damnificado.

La acusación apunta a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, ambos de 18 años, de Huangelén y estudiantes de la UTN.

Según se explicó desde fiscalía, los grados de responsabilidad son distintos ya que uno fue el que mató al animal (Bravo) y el otro el que captó las imágenes (Santerre).

Ninguno tiene antecedentes, y por este tipo de delito, no habría detenciones ni condena de cumplimiento efectivo. La pena consistiría en tareas comunitarias, asistencia a charlas sobre protección animal y obligación de tratamiento psicológico.

En Argentina, el maltrato animal es un delito contemplado en la Ley 14.346, que establece sanciones para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales.

La pena puede ser prisión de 15 días a 1 año.

Este jueves se van a peritar distintos teléfonos secuestrados en el marco de la causa Bahiense del Norte.

En la sede de la DDI se van a abrir los móviles cuyos propietarios dieron el patrón de ingreso, e incluye a ingenieros y testigos.

En tanto que otro de los dispositivos, cuyo dueño era dirigente del club y ex funcionario, y no dio su clave de acceso, será revisado en Mar del Plata.

Cabe recordar que hay dos líneas de investigación en esta causa. Una, el derrumbe que provocó la muerte de 13 personas y la discapacidad de por vida de otras.

Por esta, se pidió la elevación a juicio contra el presidente del club, Leandro Ginóbili, la jefa de Habilitaciones del municipio, María Laura Soberón, y el ingeniero Pablo Ascolani.

La otra es por los posibles delitos de encubrimiento y falso testimonio ya que detectaron conexiones entre dirigentes de la institución y un perito oficial.

A raíz del peritaje del teléfono de Ginóbili, el fiscal Christian Aguilar detectó posibles intentos de interferencias al encontrar comunicaciones entre los acusados, otros dirigentes (Darío Faure) y el perito (Enrique Gil).

El abogado Jorge Otharán, representante de cuatro de las víctimas, explicó que “la prueba que fue surgiendo de los teléfonos que se peritaron, más lo que se escuchó durante las declaraciones testimoniales, dan cuenta de la posible comisión de nuevos delitos que que merecen ser investigados”.

En ese sentido, puntualizó en que se encontró un mensaje del día 19 de diciembre, que surgió del celular de Ginóbili y que fue remitido por Faure, “en el que daría la impresión de que autoridades del club y el perito ingeniero civil Horacio Varela, se habrían reunido con Enrique Gil, que es uno de los peritos oficiales, a efectos de conversar con él para que incorpore a un nuevo peritaje la palabra ‘pero’, a efectos de minimizar las consecuencias”.

Para el representante legal, es un mensaje “bastante claro” en relación a que “habría habido una reunión entre Faure, Varela y Gil”.

“Da la impresión, por los mensajes y por la resolución que dictó Aguilar, que se debería investigar el delito de encubrimiento y falso testimonio. Pero eso no quiere decir que terminen imputados Enrique Gil, Horacio Varela, Darío Faure y Leandro Ginóbili”.

El fiscal Cristian Aguilar encabezó el allanamiento en las instalaciones de Sport Club, donde el sábado murió un hombre de 69 años al caer del primer piso.

Lo hizo acompañado por peritos y personal policial, para intentar recabar nuevos elementos para la investigación.

Se sabe hasta el momento cómo fue la mecánica del hecho y que la autopsia determinó que Roberto Cafasso murió debido a un traumatismo encefalocraneano grave.

Según testigos, el reconocido abogado estaba realizando ejercicios en el segundo piso del centro de Av. Cabrera al 4100. Tras bajarse del elíptico e intentar agarrar una botella de agua, trastabilló y cayó desde 5 metros ya que no había contención y lo que hacía de pared era solo una gigantografía de plástico.

Se supo que el gimnasio tenía la habilitación provisoria vencida, y en ese marco el municipio comenzó una investigación interna.

El intendente Federico Susbielles ordenó revisar el camino del expediente administrativo en las áreas de Planeamiento Urbano, Habilitaciones y Fiscalización.