La decisión del gobierno nacional de eliminar el voto por correo postal para los argentinos que viven en el exterior, provocó nuevas disputas entre los dos lados de la grieta.

Por decreto (189/2021), Alberto Fernández restableció el régimen anterior, que fue modificado también por la misma vía, por Mauricio Macri (45/2019) antes de las elecciones del 2019.

“La emisión del sufragio a través del correo postal conllevó la creación de una nueva modalidad o sistema de votación que no se encontraba previsto en la legislación electoral aprobada por el Congreso”, justificó el actual presidente de la Nación.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, defendió la postura al señalar que la Constitución nacional “es clara” y que “un decreto no puede modificar una ley y menos en materia electoral. Cualquier propuesta vinculada a los cambios de fecha o metodologías de votación debe pasar por el Congreso de la Nación y ser respaldada por una mayoría especial de votos”.

En cambio, el ex canciller del gobierno de Juntos por el Cambio, Jorge Faurie, sostuvo que es un “grave error derogar el voto por correo de argentinos residentes en exterior”, porque “se les quita un derecho adquirido” y que “hay temor al resultado de esa votación postal de nuestros compatriotas”,

Vale aclarar que el decreto de Macri fue declarado inconstitucional por la jueza federal porteña María Servini, en mayo de 2019; ratificado por la Procuración de la Corte; pero luego convalidado por la Cámara Nacional Electoral.

Tras esta derogación, para votar desde el extranjero, los interesados deben tener su domicilio en el exterior asentado en su documento de identidad, inscribirse y luego hacerlo de manera presencial en cada una de las representaciones diplomáticas y consulares habilitadas el día de los comicios. Vale aclarar que es voluntario, no obligatorio.

En las últimas elecciones, del 2019, estaban habilitados desde el exterior 385 mil argentinos, y lo hicieron 49.300 (9 mil por correo postal), la máxima participación de la historia. La anterior había sido de 14 mil.

Sin embargo, esa cifra representó sólo un 13 %  del total de los autorizados, y un 0.15 % del padrón total, menos de la mitad de lo que podría incidir Tierra del Fuego (0.34 %).