“Las cárceles no están equipadas para enfrentar el coronavirus”. La contundente frase es la conclusión a la que llegaron especialistas de la Universidad Nacional del Sur.

Mediante un comunicado, los miembros de los proyectos “Programa de Extensión en Contextos de Encierro” y “Grupo de Investigación y Extensión de Salud en Contextos de Encierro”, advirtieron que la pandemia se suma a otras enfermedades y problemas de base en las unidades.

Detallan que dentro de ellas, hay “superpoblación, hacinamiento, excesos en la prisión preventiva, fuertes restricciones en el acceso a la salud, trabajo y educación, problemas de infraestructura, mala alimentación, ventilación e higiene. Y ese cuadro se agrava con HIV, tuberculosis, diabetes crónica, enfermedades respiratorias, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niñas/os y adolescentes”.

Ante ese panorama, consideran que aumenta la probabilidad de que los internos necesiten asistencia extramuros, ya que allí “la proximidad es lo habitual” y esas “son las condiciones más favorables en donde el nuevo virus se propaga fácilmente”.

Incluso, que en muchas prisiones no se puede asegurar un adecuado lavado de manos o uso frecuente de alcohol en gel por cuestiones de seguridad.

Exponen en el documento, la explicación de la prestigiosa revista científica de The Lancet, la cual detalla cómo la propagación del coronavirus allí puede ser un riesgo para la salud pública de toda la población, ya que sin las condiciones de salubridad resueltas, “más internos requerirán de asistencia de alta complejidad, lo que generaría traslados a hospitales públicos cuya demanda se encuentre desbordada por la población general. Y dichos traslados no son sencillos: se deben movilizar personal penitenciario y judicial, lo que conlleva a disminuir el distanciamiento social y el mayor contacto de personas”.

“Rechazamos el intento de estereotipar la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Cada caso debe ser resuelto por los jueces conforme al derecho vigente (la Constitución como norma fundamental), el trámite procesal correspondiente (informes del Servicio Penitenciario, informe socioambiental, informar a la víctima cuando corresponde, etc.), y si existen decisiones censurables, las mismas deben ser revisadas en los casos concretos”, sostienen.

Además, lamentan “la utilización del legítimo dolor de las víctimas de delitos, especialmente de aquellos aberrantes, provocando su revictimización, mediante la incitación a la violencia, la publicidad de sus casos en medios de comunicación masiva, y la desinformación”.

Al cierre, hacen un llamado a la reflexión con el objetivo de contribuir a la pacificación en la sociedad y disminuir los niveles de violencia en este contexto tan particular, entendiendo que el respeto de nuestra Constitución Nacional, es la única garantía de la ciudadanía frente a la arbitrariedad del ejercicio del poder estatal”.